El PP pide una comisión de investigación en el Congreso sobre la financiación irregular de Podemos

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha registrado la solicitud para crear una comisión de investigación sobre la financiación de Unidas Podemos, tras las numerosas irregularidades detectadas por la Justicia y por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.

Esta ha sido la primera decisión tomada por Gamarra tras ser nombrada portavoz del PP en el Congreso, tal como ha explicado en una entrevista en La Razón: «Si Podemos no tiene nada que ocultar, no tendrá inconveniente en que esa comisión de investigación se desarrolle en el Congreso. Si Podemos la quiere bloquear, el PSOE tendrá que demostrar si está dispuesto a estar en el poder a cualquier precio o si está dispuesto a que se investigue lo que su socio ha hecho en relación a la turbia financiación que se está descubriendo y que los tribunales ya están investigando».

El PP pide analizar, en una comisión de investigación de seis meses de duración, las cuentas de Unidas Podemos para determinar si se han dotado de fondos opacos con adjudicaciones irregulares de contratos u otros cauces de financiación al margen de la Ley.

La petición se registró el viernes, el mismo día en que se conoció que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas detectó indicios de responsabilidad penal en las cuentas electorales de Podemos en relación con los comicios generales de abril de 2019.

Un frente que se suma al que abrió en julio el juez de instrucción número 42 de Madrid, que ha imputado a Podemos en la causa abierta por malversación y administración desleal tras la denuncia del exabogado de la formación José Manuel Calvente.

Podemos utilizó una falsa acusación de acoso sexual para despedir a Calvente, quien ahora ha sacado a la luz numerosas irregularidades en los contratos de la campaña electoral de Podemos, las obras en la nueva sede de la formación, la gestión de la «Caja de Solidaridad» del partido así como el pago de sobresueldos.

En la petición registrada en el Congreso, el PP asegura que la financiación de Podemos «arrastra desde su origen sombras de sospecha tanto por la falta de transparencia del mecanismo de crowfunding con el que dice financiarse como por sus públicas conexiones con dictaduras internacionales».

El Grupo Popular llama la atención sobre las sombras que ahora se ciernen sobre el secretario general del partido y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y añade que «las causas judiciales se resolverán», pero las responsabilidades políticas deben dirimirse en el Congreso. «Dilucidar y asumir responsabilidades políticas refuerza la confianza ciudadana en el buen funcionamiento de las instituciones», asegura el PP.

Por otro lado, la nueva portavoz del PP en el Congreso considera que es «una decisión personal» la que debe tomar su predecesora, Cayetana Álvarez de Toledo, sobre si se mantiene como diputada o renuncia al acta. «Yo, como buena demócrata, la respeto. Se trata de que aquel que tiene que tomar esa decisión personal la ejerza con libertad», añade.

«Si Cayetana decide continuar será bienvenida y podremos trabajar juntas», añade Cuca Gamarra, que se define a sí misma como «una mujer de centro y liberal, con sensibilidad para saber que las políticas económicas han de resolver, desde el ámbito social, las preocupaciones de los ciudadanos».

Además, sobre si cree que un Gobierno del PP y el PSOE sería mejor que el actual, la ex alcaldesa de Logroño responde que el que hay es del PSOE y de Podemos: «Ésa es la opción que Sánchez ha impulsado y ha promovido», añade la nueva portavoz del PP, que sostiene que en España no es posible el acuerdo por un «elemento»: por Pedro Sánchez.

Gamarra insiste en que «no cabe» y no hay negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y sobre los presupuestos asegura que nunca apoyará políticas económicas que no se basen en los principios que defiende el PP, «que están en las antípodas de las políticas sociocomunistas que se están planteando desde el Gobierno».